Educación para todos
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 La política de la
Revolución Educativa del gobierno nacional da prioridad a la educación de
poblaciones vulnerables y, dentro de ellas, a las que presentan discapacidad
porque "si formamos a estas poblaciones que anteriormente estaban marginadas
de la educación, le apostamos a que se vuelvan productivas, sean autónomas y
fortalezcan relaciones sociales; así, la educación se convierte en un factor
de desarrollo para sí mismas, para sus familias y para los municipios en
donde viven", explica Fulvia Cedeño, asesora del Ministerio de Educación
Nacional.
"Cuando la Revolución Educativa plantea que estas poblaciones son
prioritarias, significa que los establecimientos educativos deben
transformarse y modificar su cultura de atención a ellas", explica. De
ahí la importancia de que los Planes de Mejoramiento Institucional (PMI)
contengan acciones orientadas a la atención pertinente a estas poblaciones en
todos los ámbitos de la gestión: directiva, académica, administrativa y
comunitaria. "Anteriormente se pensaba que las personas con discapacidad
no tenían condiciones para aprender; empezamos a trabajar por cambiar estos
imaginarios, a revisar las prácticas y a generar una política de
inclusión", señala la doctora Cedeño.
Durante los últimos cuatro años, el tema de la inclusión se ha dinamizado en
las entidades territoriales (véase la sección Debate). En varias de ellas se
cuenta con una oferta educativa organizada y con una clasificación de las
mismas por niveles, de acuerdo con la gestión que han desarrollado para
atender a estas poblaciones¹.
Los datos del Censo de 2005 reportan 392.084 menores de 18 años con
discapacidad, de los cuales 270.593 asisten a la escuela y 119,831 no lo
hacen.
Desde 2003 y hasta 2006, las secretarías reportan la matrícula de 81.757
estudiantes con discapacidad en 4.369 establecimientos educativos. A pesar de
estos avances, indudablemente significativos, aún son grandes los retos para
lograr que todos ingresen al sistema educativo y sean educados con
pertinencia y calidad.
Así pues, la política de inclusión de la población con discapacidad busca
transformar la gestión escolar para garantizar educación pertinente a
estudiantes que presentan discapacidad cognitiva, síndrome de Down y otros
retardos como autismo, limitación auditiva por sordera o por baja audición,
limitación visual por ceguera o por baja visión, discapacidad motora por
parálisis cerebral u otra lesión neuro muscular y discapacidades múltiples,
como ocurre con los sordo-ciegos.
Todas estas personas tienen potencialidades para desenvolverse dentro del
espacio educativo y social y pueden acceder a los diferentes niveles y grados
de la educación formal de Colombia. La escuela les debe garantizar los apoyos
adicionales que demandan, con el fin de que desarrollen las competencias
básicas y ciudadanas, aun cuando necesiten más tiempo y otras estrategias
para lograrlas.
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